Jaque a la Inteligencia militar en Afganistán

El pasado mes de enero el responsable de los servicios de Inteligencia del Ejército de EE UU en Afganistán, el general Michael Flynn, advertía de la importancia de obtener información “sobre el contexto de las operaciones” y de “distinguir entre los talibanes y el resto de la población afgana”, aspecto este último que, sin duda, falló el pasado miércoles en Qala-i-Naw.

Según publicaba ayer El País, Ghulam Sakhi, el supuesto policía que mató a tiros a los dos guardias civiles y al intérprete español de origen iraní en el interior de la base de Qala-i-Naw y que posteriormente fue abatido por los compañeros de los fallecidos, fue detenido hace un año porque la Inteligencia afgana sospechaba que tenía vínculos con la insurgencia. “Había muchos informes que apuntaban a que tenía conexiones con los talibanes y por eso fue detenido”, declaraba al rotativo madrileño Delbal Jan Arman, gobernador de la provincia de Bagdhis (cuya capital es Qala-i-aw). “Llegaron a quitarle su arma -explicaba Jan Arman- pero llegaron informes que garantizaban que estaba haciendo un buen trabajo en la policía y finalmente fue liberado”.

Tras leer las palabras del gobernador de Bagdhis, surgen algunos interrogantes que, sin duda, deberán ser esclarecidos por los servicios de Inteligencia de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán) que se han desplazado a Qala-i-Naw para investigar el atentado contra las tropas españolas; incluso por los propios equipos de Inteligencia españoles, que según ha anunciado el Gobierno serán reforzados a partir de ahora.

¿Está la Inteligencia afgana capacitada para elaborar informes?

En primer lugar cabe preguntarse de dónde provenían los informes que avalaban la profesionalidad de Ghulam Sakhi y quién o quiénes fueron los encargados de elaborarlos. También surge la duda acerca de la fiabilidad del contenido de dichos informes, puesto que el hecho de que Sakhi efectuase un buen trabajo en la policía afgana no era óbice (y así se ha demostrado) para que mantuviese vínculos con la insurgencia talibán.

De ser ciertas las afirmaciones del gobernador de Bagdhis, el acopio de información sobre el supuesto policía pudo ser efectuado por la Inteligencia afgana, aspecto éste que ya denota una cierta ingenuidad por parte de la Inteligencia militar de la ISAF y del propio contingente español. Si se tiene en cuenta que una de las tareas de las tropas internacionales desplegadas en la zona consiste precisamente en formar al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad afganas, dada su evidente falta de capacitación, quizás la información sobre Ghulam Sakhi debería haber sido verificada o, cuanto menos, puesta en tela de juicio.

¿Desconocían los españoles la información sobre Ghulam Sakhi?

También cabe preguntarse cómo es posible que Ghulam Sakhi pudiese acceder armado a la base de Qala-i-Naw (algo que hacía habitualmente), dados los antecedentes que tenía, y tratándose del cuñado del principal comandante talibán en la provincia de Bagdhis, según la información difundida por El País. ¿Desconocían los servicios de Inteligencia españoles y de la ISAF los lazos que habían unido al terrorista con la insurgencia talibán? ¿Compartió la Inteligencia afgana el contenido de los informes sobre Sakhi con la Inteligencia española? Porque si los servicios de Inteligencia españoles estaban al tanto de los antecedentes de Ghulam Sakhi, no es comprensible que se le permitiese el acceso con armamento al interior de una base militar.

No obstante, también cabe la posibilidad de que la información que las tropas españolas tenían sobre el terrorista estuviese manipulada y que la Inteligencia afgana no hubiese advertido a los españoles de la detención, hace un año, de Ghulam Sakhi y de su relación de parentesco con el líder talibán. De ser así, ¿qué intencionalidad había en la actuación de los militares afganos? Incluso se puede ir más allá en el planteamiento y pensar si son los talibanes los únicos interesados (como así lo reivindican una y otra vez) en que las tropas internacionales abandonen Afganistán.

Otros infiltrados ya causaron la muerte de estadounidenses y británicos

Ésta no ha sido la primera vez que un infiltrado causa bajas entre los componentes de la ISAF. Ya en el mes de diciembre de 2009, poco antes de que el general Flynn criticase abiertamente la labor de la Inteligencia de EE UU en el país asiático (calificándola de “confusa”), siete miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fueron asesinados en una base estadounidense situada al este de Afganistán. Se trató entonces de un ataque suicida, el peor sufrido por la CIA en territorio afgano. También se produjo a manos de un talibán infiltrado en las filas del Ejército Nacional de Afganistán, que consiguió entrar en la base con los explosivos que causaron la muerte de los siete agentes estadounidenses.

Incluso hace poco más de un mes, tres soldados británicos fallecieron en un tiroteo que se produjo en la conflictiva provincia de Helmand. El autor de los disparos fue un supuesto soldado afgano que colaboraba con los militares británicos en una operación. Aunque los detalles de la investigación no han trascendido, todo parece indicar que se trataba de un insurgente talibán 'disfrazado' de militar afgano.

Llegados a este punto, los servicios de Inteligencia de la ISAF deberían plantearse, cuanto menos, dos cuestiones: por un lado, si deben fiarse de los supuestos 'aliados' afganos (el Ejército y las Fuerzas de Seguridad), ya que a través de ellos se han producido las infiltraciones de terroristas; por otro, y en caso de que la respuesta al primer interrogante sea afirmativa, si las fuerzas de seguridad afganas están suficientemente capacitadas para producir Inteligencia.

De lo que no cabe duda alguna es de que, a partir de ahora, se deberán extraer lecciones aprendidas y los servicios de Inteligencia de la ISAF deberán recordar nuevamente las palabras del general Flynn si quieren combatir eficazmente la metástasis en que se ha convertido el cáncer talibán que está localizado en territorio afgano, porque, tras el atentado del pasado miércoles, los terroristas han vuelto a poner en jaque a la Inteligencia militar internacional.

Aumenta la piratería en Somalia a pesar de los esfuerzos internacionales

La delincuencia organizada sigue haciendo su particular agosto en el Cuerno de África, a pesar del despliegue que la OTAN y la Unión Europea mantienen desde hace dos años en la zona.

El domingo pasado, el patrullero 'Infanta Cristina' de la Armada española relevaba en el puerto de Yibuti a la fragata 'Victoria', en el marco de la operación Atalanta de la UE contra la piratería. Tras cuatro meses desplegada en aguas de Somalia, la fragata española ponía fin a su misión, que culminó con el aborto del ataque pirata al buque noruego 'Bow Saga'. Antes de esa actuación, ya contribuyó a la liberación del buque de bandera norcoreana 'Rim', enviando su helicóptero al lugar de los hechos.

Sin embargo, todos los esfuerzos que está llevando a cabo la comunidad internacional en el Cuerno de África parecen no ser suficientes, según los últimos datos facilitados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

¿Quién está detrás de los piratas?

El año pasado, el número de ataques de piratería en la zona se duplicó, pasando de los 111 que se produjeron en 2008 a 217 en 2009. Además, según la UNODC, esta actividad sigue aumentando, a pesar de que los piratas que llevan a cabo los secuestros de las embarcaciones tan sólo perciben una cuarta parte del dinero que se paga por los rescates (cantidad que asciende, anualmente, a más de 100 millones de dólares estadounidenses).

Es cierto, como advierten muchos expertos, que el problema en Somalia pasa por solucionar la situación en tierra, en el propio país, y no sólo en las aguas que lo circundan. Sin embargo, habría que investigar más a fondo quiénes son los que reciben las tres cuartas partes del dinero de los rescates, puesto que ahí también radica el problema.

El pasado mes de junio se inauguró en Kenia el tribunal que juzgará a los sospechosos de piratería, con contribuciones de Alemania, Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. Auspiciado por la UNODC, este órgano judicial contribuirá, sin duda, al enjuiciamiento de los presuntos piratas, pero ¿qué ocurrirá con sus patrocinadores?

También la ONU ha decidido aumentar su presencia en Somalia (que se mantiene de manera constante desde 1991), según ha anunciado esta semana el representante especial de Naciones Unidas en la zona, Augustine Mahiga. El frágil Gobierno de transición, encabezado por el presidente Cheij Sharif Ahmed, se estableció en enero de 2009 y se mantiene gracias al apoyo de la comunidad internacional, y a pesar de los insurgentes islamistas que controlan la capital, Mogadiscio.

Sin duda, todos los esfuerzos son pocos para detener las actividades delictivas en una región de África en la que más de tres millones de personas necesitan de la ayuda internacional, una ayuda que llega vía marítima gracias al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, por lo que garantizar la seguridad de la navegación es vital en esta zona del Cuerno de África.

Un millón de personas aisladas

En el mes de enero se hizo prácticamente imposible que el Programa Mundial de Alimentos continuase llegando a más de un millón de personas necesitadas en el sur de Somalia, debido al aumento de las amenazas y los ataques contra las operaciones humanitarias, así como la imposición de una serie de exigencias inaceptables por parte de los grupos armados que operan en el país. (El Gobierno de transición, en el poder desde 1991, todavía no controla totalmente el país a día de hoy, ni siquiera la capital, Mogadiscio).

Difícil se plantea, por tanto, la situación en tierra y en las aguas del Cuerno de África, aunque, según organismos como la ONU o la Interpol, no es ésta la única zona marítima afectada por la piratería. El Golfo de Guinea, y las aguas entre Bangladesh y el Mar del Sur de China también son objeto de esta actividad delictiva, aunque en 2009 más de la mitad de los ataques piratas se produjeron en las costas de Somalia.

La contribución española a la operación 'Atalanta' (establecida por la Unión Europea en 2008) es un grano de arena más en el operativo militar desplegado en la zona (el nuestro es el segundo país, por detrás de Francia, que más efectivos aporta a la misión europea); pero, como ya señalaba anteriormente, aparte de pacificar el territorio somalí -aspecto éste necesario, sin duda-, habrá que ir más allá para identificar a los responsables de los ataques piratas que son, sin duda, un grave escollo para el tráfico marítimo en la zona.

El problema mundial del crimen organizado

“A no ser que nos ocupemos eficazmente de la amenaza que supone la delincuencia organizada, nuestras sociedades serán rehenes”, dijo Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el pasado mes de junio. Tan sólo mes y medio después de esas declaraciones, el Ministerio del Interior español presentaba el balance de las actuaciones llevadas a cabo durante 2009 por la Policía y la Guardia Civil: casi 6.000 personas detenidas y 561 grupos de crimen organizado desarticulados.

Pero a pesar de la incesante y eficaz labor que, en el caso concreto de España, desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “la delincuencia organizada -manifestó en junio Costa- se ha globalizado convirtiéndose en una de las primeras potencias económicas y armadas del mundo”.

El máximo responsable de la UNODC efectuó estas declaraciones tras las presentación del último informe elaborado por el organismo que está bajo su dirección, titulado 'La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional'. “La disolución de los grupos delictivos en sí no es la solución, ya que los detenidos son sustituidos inmediatamente”, aseveró Costa. “Las fuerzas del orden contra las mafias -añadió- no detendrán las actividades ilícitas si no se interviene en los mercados que las sustentan, incluida la caterva de delincuentes de guante blanco, es decir, abogados, contables, agentes inmobiliarios y banqueros que hacen de tapadera y blanquean sus ganancias”.

También incidió Costa en la importancia de dar “respuestas globales” a este tipo de actividades, ya que, según figura en el informe, “las respuestas nacionales son insuficientes”, puesto que “simplemente trasladan el problema de un país a otro”. Y en esa línea están trabajando, en el caso español, la Policía y la Guardia Civil a través de los Equipos Conjuntos de Investigación que colaboran con servicios policiales y judiciales de países miembros de la Unión Europea. Fuera del ámbito comunitario, España es uno de los 188 países que forman parte de la INTERPOL, la organización policial más grande del mundo.

Sin duda, todo esfuerzo es poco para combatir la delincuencia transnacional que, según advirtió Costa, “se ha convertido en una amenaza para la paz y el desarrollo, incluso para la soberanía de las naciones”. En el ámbito español, entre las principales actividades delictivas de los grupos de crimen organizado desarticulados durante 2009 figuraban el tráfico de drogas, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, y contra las personas y la libertad, la trata e inmigración ilegal y, finalmente, los delitos de corrupción. No obstante, según informó a finales de julio el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, algunos de estos grupos “son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal”.

Del total de personas detenidas durante el año pasado, 2.881 eran españolas, 868 de otras nacionalidades de la Unión Europea y 2.126 de otros países. Y del total de grupos desarticulados (el 57% de ellos fueron desarticulados totalmente), 462 (el 82%) se dedicaban al tráfico de drogas, un ámbito éste en el que “se manifiesta una reorientación hacia el consumo de nuevas drogas y hacia mercados nuevos”, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2010, presentado en Viena (Austria) a finales de junio.

Para Antonio María Costa, las claves para luchar contra la delincuencia organizada pasan por promover el desarrollo para reducir la vulnerabilidad ante el delito (el informe pone de relieve, por ejemplo, la inestabilidad de la situación en África occidental, que se ha convertido en un centro de distribución del tráfico de cocaína) y por intensificar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley para hacer frente al tráfico de drogas.